EL DISCURSO DEL SILENCIO HA MUERTO

EL DISCURSO DEL SILENCIO HA MUERTO

viernes, 16 de noviembre de 2018

INTERVENCIONES DE IZQUIERDA UNIDA EN EL PLENO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018


INTERVENCIONES DE IZQUIERDA UNIDA EN EL PLENO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018


ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS DÍAS 18 DE OCTUBRE Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2018.
SI

HACIENDA:
2.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2019 (EXPTE. 18/2531).
Como apuntamos en la Comisión de Hacienda, esperamos que se les dé facilidades a los temporeros, para pagar la fianza de 20€.

SI

3.- INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE PISTAS POLIDEPORTIVAS LA TEJUELA (EXPTE. 18/2544).

De nuevo el remanente como actor principal. Se van a gastar 300000€ del remanente en acondicionar las pistas de la Tejuela en un espacio recreativo
y verde.
En la introducción de la Comisión de Hacienda, se comenta que las pistas existen desde los años 90, y, dichas pistas se encuentran entre las calles Grecia e Irlanda.
Bien, ¿cómo puede haber pasado que al inicio de este barrio y con los planos en el ayuntamiento, nadie se percatara de semejante chapuza? - o si - ¿No se pudo obligar a la promotora a que integrara estos espacios, cómo hoy se quieren tener?, así nos hubiéramos ahorrado centenares de miles de euros. Incluso las vallas son posteriores, ¿nadie pensó en los efectos de los pelotazos sobre las ventanas, tampoco en poner una fuente, y, más y más. Lo que entonces se pudo hacer con bastante menos dinero, hoy son 300000 euros, y pensamos que ese presupuesto, cómo nos tiene acostumbrados, será para empezar y luego otro más.
Cita literal de la concejala de la presidencia, Cecilia Alameda:
“Reforma de pistas polideportivas la Tejuela, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente”.
Es curioso, han estado esperando más de 20 años.
Deseamos que esa larga espera, con bastantes molestias por parte de los vecinos que sus ventanas miran hacia las pistas, se convierta en un espacio de tranquilidad y convivencia lo más pronto posible.
Con respecto al remanente, proponemos al señor regidor, que podía hacer un concurso entre los vecinos, pongamos por caso, en el Teatro Martínez Montañés, allí, depositaría el cofre con el remanente protegido por un par de maceros.
La entrada tendría un precio razonable y al vecino o vecina que más se acerque a la cantidad de dinero que contiene el cofre con el remanente, se le dé un premio, con la condición de mirar dentro del cofre y tocar los euros.

SI

4.- CREDITO EXTRAORINARIO Nº 5/2018 -3/5/CREDIEX18- (EXPTE. 18/2545).

URBANISMO:
5.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES AL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. (EXPTE.U-18/1394).
Nos encontramos una alegación sin relación, según los expertos con el Plan Municipal de vivienda y suelo.
Vista esta alegación, lo que denuncia es una irresponsabilidad o dejación de funciones por parte de los promotores del PGOU- Ayuntamiento- en connivencia aparente con los especuladores del “ladrillo”.
Ha tenido que ser un particular, como siempre, el que denuncie las irregularidades, en este caso de la UE-3- Azacayas, y se ha preocupado, además, de buscar soluciones, llenas de sentido común, que los expertos parecen que no encontraban. Lo que sí hicieron los expertos fue incluir en el proyecto, la servidumbre de paso de este vecino y adueñarse de los bienes ajenos.
Recordamos al pueblo, que este PGOU de 2005-2013, contemplaba la construcción de 5500 viviendas, diez veces más de lo aconsejado.
En este caso, la UE-3-Azacayas, iban 315 viviendas, una obra faraónica con viaductos, que parafraseando al señor Abel Caballero (alcalde de Vigo): “iba a ser lo nunca visto, vamos la leche”.
Nuestro vecino, ante el anuncio del plan de vivienda y suelo, quizá se ha querido curar en salud, y ha metido en registro esta alegación. Deseamos que este vecino ante la respuesta de los expertos del Ayuntamiento se quede más tranquilo -si puede-.

SI
MOCIÓN:
6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERFDA UNIDA PARA QUE SE DEROGUE EL DELITO DE INJUURIAS A LA CORONA Y PARA REAFIRMAR EL COMPROMISO CON LOS VALORES REPUBLICANOS Y LA DEMOCRACIA. (EXPTE. Nº 18/2576).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 2018 una sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue “una expresión simbólica de la crítica política” y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión.

El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491). Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes sino más bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto se justifica porque se tratan de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia.

Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es “la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas” añadiendo, además -en una Observación específica sobre este tema en 2011- la “gran importancia” que otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a “la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática”. Es por ello, dicen literalmente desde Naciones Unidas, que “todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política”.

Recientemente el Parlament de Catalunya ha aprobado una resolución para reprobar el comportamiento del Rey por su discurso tras el 1 de octubre de 2017, donde alentó la confrontación y la tensión y, envolviéndose en una Constitución que ya no representa a toda la sociedad, se puso en la primera línea del bloque reaccionario. Una irresponsable actitud que estuvo acompañada de un tono bronco e indeseable. A esta reprobación se le ha unido la del Ayuntamiento de Barcelona.

Ante el acuerdo del Parlament, el Consejo de Ministros acordó pedir al Consejo de Estado que emitiera con urgencia su dictamen preceptivo para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, pues el Gobierno consideraba "políticamente inaceptable" la proposición aprobada. A pesar de que el Consejo de Estado ha recomendado no acudir al Tribunal Constitucional, declarando que el Parlament es libre de hacer juicios políticos, el Gobierno lo ha desoído y anunció el pasado 26 de octubre que interpondrá un recurso contra el Parlament.

Hay que recordar que en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno se incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como recientemente ha sido aprobada a trámite en el Congreso una ley de protección de la libertad de expresión, impulsada por Izquierda Unida, que recoge precisamente este acuerdo.

Por otra parte, los miembros del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la Mesa del Congreso han denegado en las últimas semanas que ni siquiera se debata en esta Cámara la aprobación de una Comisión de investigación sobre los presuntos delitos que haya podido cometer el rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón.

A raíz de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dadas a conocer por diversos medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar esta investigación al monarca emérito. Tras una primera denegación de la Mesa del Congreso donde se alegaba que la inviolabilidad del Jefe de Estado impedía esta investigación -algo que no compartimos, pues la inviolabilidad en todo caso se habría de circunscribir a actos de naturaleza política refrendados por el Gobierno-, el pasado martes 23 de octubre se denegó una segunda petición. En ella se solicitaba investigar a D. Juan Carlos de Borbón desde su abdicación en 2014, cuando formalmente dejó de ser inviolable para estar únicamente aforado.

Por último, creemos que resulta ya del todo inaplazable materializar una reivindicación democrática básica en este país como es la realización de un referéndum sobre Monarquía y República.

Por todo ello, el grupo municipal de …………………….………………. propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al Rey y a la Casa real de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos.

SEGUNDO: Rechazar y condenar el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia por parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre.

TERCERO: Reafirmar el compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía.

CUARTO: Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de Borbón desde el año 2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, y sobre quien recaen indicios suficientes de delito.

QUINTO: Instar al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que los ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República.

SEXTO: Comunicar este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

SEGUNDA INTERVENCIÓN:
Lo que aparece en prensa:
El coronel Amadeo Martínez Inglés rechazó hoy asistir al juicio que la Audiencia Nacional iba a celebrar contra él por publicar un artículo en el que acusaba al Rey de ser "el representante en España de la banda de borrachos, idiotas, descerebrados, cabrones, vagos y maleantes", y en el que aseguraba que don Juan Carlos proviene "de la pérfida bocamanga del genocida Franco".
El Juzgado Central de lo Penal, el órgano que iba a celebrar el juicio, decidió suspender la vista sin adoptar ninguna medida contra el coronel.
La fiscal encargada del caso, Carmen Monfort, iba a pedir para Martínez Inglés una pena de un año y tres meses de cárcel, al atribuirle un delito de calumnias e injurias graves contra la Corona.
El acusado añadió que España es "una cloaca llena de corruptos" y dijo que los jueces "no leen el periódico" y no sabe nada "de lo del elefante o lo de la Corinna".
“La monarquía española no tiene futuro. Está acabada. Va a morir por sus errores, sus corruptelas, su inanidad, su desvergüenza, su falta de legitimidad inicial, su ineptitud, su extemporaneidad… y porque el pueblo español ha perdido en los últimos años el miedo ancestral al Ejército y ahora quiere el verdadero cambio que no se pudo producir a la muerte del dictador Franco. La corrupción del caso Urdangarín ha sido solo la gota que ha colmado el vaso, pero algunos llevamos muchos años luchando para que se conocieran los presuntos delitos y el abuso de poder continuo que ha cometido un rey como Juan Carlos I, que será con toda probabilidad “el último Borbón”.
En 2015, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo de los dos condenados, Enric Stern y Jaume Roura, y en su sentencia afirmó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cree necesario "sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia". La sentencia fue apoyada por los siete magistrados del sector conservador del tribunal y con el voto discrepante de los cuatro magistrados progresistas.
Stern y Roura recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, el 13 de marzo de 2018, por unanimidad, condenó a España por violar el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que defiende la libertad de expresión. El tribunal consideró que hubo "injerencia en la libertad de expresión" de Stern y Roura y que la pena aplicada "no fue proporcionada con el fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática", por lo que se debía indemnizar a cada uno con los 2700 euros pagados de multa y otros 9000 euros en concepto de gastos y honorarios. Según el tribunal de Estrasburgo, el acto no fue una incitación al odio ni a la violencia.



CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
7.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA (1714/18 al 1877/18), Y JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL (28 de septiembre, y 19 de octubre de 2018).

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
- ¿Para cuándo las respuestas a las preguntas que Izquierda Unida planteó, sobre el centro social de Mures?
- ¿Para cuándo el tablón de anuncios en el centro social de Mures y de Santana?
-El camino viejo de Charilla está en muy mal estado, nos han comentado los que lo conocen, ¿está previsto arreglarlo? Es una trocha que usaban los vecinos para acortar tiempo, ahora se puede usar como ruta y disfrutar del paisaje.
-La carretera que lleva a Cequia, a la bajada, en el margen derecho hay unos baches profundos y en plena curva, de manera que no se pueden esquivar, requieren un arreglo urgente, para evitar daños mayores.
-¿Este gobierno socialista, pondrá urnas antes de mayo de 2019, para que los habitantes de las aldeas, puedan elegir a sus alcaldesas o alcaldes democráticamente?
Nombramos las aldeas:
Caserías de San Isidro, Charilla, Ermita Nueva, Fuente Álamo, Las Grajeras, La Hortichuela, Mures, La Pedriza, Las Peñas de Majalcorón, La Rábita, Ribera Alta, Ribera Baja, San José de la Rábita, Santa Ana, Venta de Agramaderos y Villalobos.
-El Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), está concebido como un proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas, pretende abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado.
El PROA está destinado a todo el alumnado tanto de Alcalá como de las aldeas. El problema radica en que, el alumnado de las aldeas, nunca acceden a este programa, por el hecho del transporte y el almuerzo. Desde Izquierda Unida, pedimos que desde el Consejo Escolar Municipal y a través de la concejala del ramo, se hagan las gestiones que correspondan y dónde correspondan, para solucionar este problema.  Hace falta ayudas puntuales para que todo el alumnado tenga acceso al PROA.





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